La diputada porteña de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía, conjuntamente con el bloque de legisladores que integra, solicitó la intervención como terceros en el causa judicial iniciada hace un año atrás por el ex diputado Facundo Di Filipo, en donde exige el cumplimiento de la ley 2394 que determina el funcionamiento del Sistema Integrado de Gestion y Administración Financiera (SIGAF).

Este sistema que depende del Poder Ejecutivo debería proporcionar la información respecto de la ejecución del presupuesto de la ciudad y el control del gasto que se realiza a partir de los recursos obtenidos de la recaudación.

El Ejecutivo no cumple desde el año 2007 con esta medida y ahora el Jefe de Gobierno, Maurico Macri, ha dispuesto por decreto restringir el futuro acceso a esta herramienta y a la información trimestral con la que ya cuentan los legisladores.

Sánchez Andía sostuvo: “Los diputados no podemos acceder a información presupuestaria, eso lastima la calidad institucional y la transparencia en el manejo de los recursos”.

Además manifestó: “Avanzamos en la instancia judicial porque se nos oculta información. Se ve que algunas cosas no deben estar en regla, caso contrario no se entiende la decisión de no mostrar el manejo de los recursos”.