Entendemos que la matriz energética, en todas sus formas y variantes, constituye un área estratégica para el desarrollo del país que no puede estar a la merced de los intereses de sectores privados.

Es el Estado el encargado de velar por los intereses de la Nación, y por lo tanto quien debe desarrollar y ejecutar una política energética integral que permita el desarrollo sustentable del país, promoviendo la creación de energías alternativas que no comprometan el medio ambiente.

Desde ese marco es que entendemos que YPF, principal productora de gas y petróleo nacional, debe estar bajo el control estatal. Pero esto no nos impide ver, y nos obliga a denunciar, que la historia de la empresa se encuentra signada por los más escandalosos hechos de corrupción, entreguismo y desinversión, en perjuicio del pueblo argentino.

Desde el año 2001, época en la que fuimos convocados a la política, hemos denunciado la privatización de YPF del año 1992 y luego su venta vil al Grupo Repsol en 1999, como hechos trágicos de nuestra historia, cuyos responsables políticos directos fueron Carlos Menem, Domingo Cavallo, Roberto Dromi, Oscar Parrilli y varios gobernadores provinciales, entre otros.

Entre los gobernadores que impulsaron la privatización de YPF se destacó Néstor Kirchner,  entonces gobernador de Santa Cruz y Presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), quien se encargó de convencer a los legisladores de provincias petroleras que estaban en duda para lograr la aprobación de la ley de privatización de 1992, bajo la excusa de que a cambio esas provincias obtendrían el pago de regalías atrasadas.

La entonces legisladora provincial Cristina Fernández de Kirchner también apoyó la iniciativa, al punto tal que presentó un proyecto de declaración en la provincia de Santa Cruz instando a los legisladores nacionales a aprobar la Ley de Privatización.

Luego el mismo Néstor Kirchner, en el año 1999, vendió a Repsol el 4,3% de YPF que entonces tenía la provincia de Santa Cruz.

Tras la crisis energética del año 2004, fuimos testigos de la supuesta argentinización de YPF entre el año 2007 y 2011. Con la excusa de incorporar capital e inversiones nacionales, Enrique Eskenazi –empresario amigo del Gobierno y dueño del Grupo Petersen- adquirió el 25,46% de la empresa petrolera, por medio de una operatoria fraudulenta que constituyó una clara exposición de la corrupción y el amiguismo con el que se viene manejando este Gobierno desde sus inicios.

A costas del patrimonio energético nacional, el Grupo Petersen adquirió un cuarto de YPF sin haber puesto un sólo peso. Se hizo de ese porcentual por medio del financiamiento de bancas privadas internacionales, entre ellas la Credit Suisse –banco destinatario de los desaparecidos fondos recibidos por la provincia de Santa Cruz en concepto de regalías petroleras en los `90-, y también de la propia Repsol. En ambos casos eso se iría pagando por medio de los dividendos otorgados por la propia empresa, destinando así menos dinero a la producción y exploración hidrocarburífera.

Este triste hecho contribuyó al proceso de desinversión y vaciamiento de YPF, que desde el 2003 venía llevando a cabo Repsol.

Estos dos grupos económicos fueron, junto con complicidad del Estado Nacional, los responsables del vaciamiento energético y de que hoy nos encontremos con una producción de petróleo de 11,3 millones de m3, cuando en el año 2002 teníamos una producción de 19,9 millones de m3, y con reservas por 666 millones de m3, mientras en el año 2001 contábamos con 1.343 millones de m3. Lo que es más, en los últimos años, YPF pasó a tener una deuda de aproximadamente U$S 9.000 millones,  que no fue invertida.

Nada tiene que ver esta pérdida de producción con aumentos en el consumo, ya que las cifras absolutas son las que han disminuido, ni tampoco con una disminución en los ingresos de la empresa, pues la recaudación ascendió progresivamente desde el 2003 a la fecha. El único motivo para que ello ocurriera fue el saqueo llevado adelante por el Grupo Repsol y por el Grupo Petersen, con el visto bueno y la complicidad del Gobierno Nacional, cuyo director en YPF, Roberto Baratta,  firmó y aprobó cada uno de los balances de la empresa.

Hoy vemos como quienes en su momento rifaron el patrimonio nacional mediante la privatización, se presentan como grandes estatizadores. En realidad no han hecho más que garantizar un gran negocio para los dos grupos económicos que vaciaron YPF: Repsol retiró alrededor de U$S 15.728 millones en concepto de dividendos desde que ingresó a la empresa, y el Grupo Petersen de Enrique Eskenazi se hizo del 25,46% de la empresa sin aportar un sólo peso de capital. Mientras tanto la inversión y producción descendió y la empresa adquirió una deuda de U$S 9.000 millones.

El Poder Ejecutivo propone sellar ese gran negociado con un broche de oro: la expropiación de la empresa, pagándole a Repsol por haber vaciado la principal petrolera nacional, y garantizándole a Eskenazi mantener su 25,46%. Nos quedamos así con una empresa endeudada y con bajos niveles de producción, pero con empresarios amigos enriquecidos a costas del Estado, como ocurrió repetidas veces en nuestra historia.

Esta propuesta de expropiación, que mantiene un 49% de capitales privados y sostiene la figura de una sociedad anónima, que no garantiza inversiones ni controles estatales, se realiza vedando el debate de la historia y de las responsabilidades de los empresarios y gobernantes que ahora -y no en los últimos diez años- proponen que YPF sea del Estado. Lo proponen hoy, cuando la empresa se encuentra vaciada y endeudada, y niegan el debate sobre las responsabilidades de quienes lo permitieron.

Se nos exige expedirnos sólo sobre el hoy, sobre si estamos o no de acuerdo con que la producción esté bajo el control del Estado. Nos resistimos a ese análisis simplista e irresponsable, porque aspiramos a una transformación cultural de la política que permita un ejercicio ético de la actividad pública en beneficio del Pueblo Argentino.

Reclamamos la responsabilidad de los artífices privados y públicos de su saqueo, y también garantías de que se realizarán inversiones, de que se desarrollará una política para alcanzar el autoabastecimiento, y de que habrá verdaderos controles estatales.

Estamos convencidos de que YPF debe estar en el Estado, ámbito del que nunca debió haber salido, y exigimos verdad y la responsabilidad de quienes la vaciaron.

YPF debe ser del Estado, sin impunidad ni vaciamiento.

Jóvenes por la Igualdad (Jxi) Ari-Coalición Cívica adhiere y colabora con la campaña ¨Todos por los glaciares¨.

Los glaciares hoy se ven amenazados por un número cada vez mayor de grandes proyectos mineros que avanzan sobre áreas glaciares y periglaciares. Es preciso que ese proceso de destrucción se detenga de inmediato.

El Gobierno Nacional está demorando la aplicación de la “Ley de Glaciares”, aprobada en septiembre de 2010. Esta ley debe comenzar a ejecutarse sin más demoras e iniciarse de manera urgente las auditorías ambientales sobre los proyectos mineros en ejecución.

Completá el formulario a continuación para sumarte a nuestro pedido:

Yo quiero la plena vigencia de la Ley de Glaciares en todo el país, la urgente realización de las auditorías ambientales y el levantamiento de las medidas cautelares presentadas por la empresa Barrick.

accesos al formulario:

http://www.fernandareyes.com.ar/index.asp?seccion=glaciares

En este sentido, la agrupación que integran, entre otros/as, la Dip. Nac. Fernanda Reyes, la legisladora porteña Rocío Sánchez Andía y el ex legislador Facundo Di Filippo, enumeró una serie de acciones emprendidas por el macrismo al frente del Gobierno de la Ciudad, que demuestran de manera contundente las razones por las que es imposible compartir con el PRO cualquier elección:

· “Tiene funcionarios que quieren privatizar la educación pública;

· en lugar de proveer infraestructura para las escuelas dejó a la Ciudad más de un mes sin clases, y ordenó a sus ministros perseguir a estudiantes y docentes;

· designó a cargo de la Metropolitana a ex policías que se dedican a realizar escuchas ilegales;

· armó una Policía Metropolitana con lo peor de la Federal, que incluye represores, ex jefe de agencias de seguridad, agentes de inteligencia y que en su mayoría venían echados de la Federal;

· creó una unidad paraestatal para reprimir a la gente que vive en la calle (UCEP);

· utiliza la publicidad oficial al servicio de su partido, su persona y la de Rodríguez Larreta;

· creó una red de punteros en las villas para mantener la pobreza y el clientelismo;

· dejó la Ciudad al mando de Rodríguez Larreta;

· le otorgó obras públicas con sobreprecios a sus empresarios amigos Nicolás Caputo y Ángelo Calcaterra;

· en 3 años inauguró unos 600 metros y no 30 kilómetros de subte como prometió en la campaña;

· sueña erigirse en candidato a presidente de la mano de Duhalde y su estructura;

· intentó poner a un autoritario como Abel Posse al frente de la educación de la Ciudad;

· incumple los fallos judiciales y presiona a los jueces que no le son funcionales;

· transformó al gobierno de la Ciudad en el principal impulsor de desalojos en la Ciudad;

· no promovió ninguna medida para recuperar la Costanera de la Ciudad;

· centralizó la corrupción y multiplicó la ineficiencia en la compra de insumos hospitalarios;

· quiere que IRSA le dicte la política en salud y cerrar el Hospital Santa Lucia, el Tobar García, el Moyano, el Borda, el Legleyze y el Durand;

· endeudó a la Ciudad por 500 millones de dólares a una tasa usuraria del 12,5% y después puso esa plata en un plazo fijo al 6%;

· enarboló un discurso xenófobo contra la inmigración latinoamericana.

· desfinanció las políticas de memoria de la Ciudad.

· desmembró y desfinanció las políticas de vivienda y no combatió las situaciones de corrupción denunciadas en el IVC.

· agravó el problema de las inundaciones y gastó cientos de millones de pesos en una obra cuestionada en su transparencia, su afectación ambiental y su ineficiencia.

· subejecutó casi todas las partidas destinadas a políticas sociales, y oculta los datos sobre ejecución presupuestaria incumpliendo la ley que lo obliga a publicar dicha información.

· intervino la OBSBA, para luego acordar con lo peor del sindicalismo municipal.

· claudicó ante el gobierno nacional en el control de los juegos de apuestas y azar en la Ciudad, con la consecuente pérdida de recursos.

· convirtió al Teatro Colón en una escena de batalla, incumpliendo las leyes que lo regulan y persiguiendo a trabajadores de la cultura mientras cerraba Centros Culturales y Sociales.

· y sigue la lista…“.